El lugar de la universidad
TODAS las sociedades han contado con gente capaz
de otear horizontes mayores que el común de los sujetos, tanto por la
intensidad de la mirada, capaz de penetrar más allá de las apariencias que
colman a los demás, como por la extensión espacial y temporal que suelen
abarcar. Se les ha denominado sabios, y así se los ha apreciado, intuyendo que
su función permitía la pervivencia del conjunto al dotarle de metas mayores y
hondas raíces ancladas en la memoria, que también se ocuparon en cultivar. En
la moderna sociedad secularizada se espera encontrarlos en la universidad,
institución cuyo encargo es precisamente superar las estrechas miras de la
existencia cotidiana abrumada por las urgencias inmediatas, para abarcar el
horizonte tanto contemporáneo como histórico, y señalar la posición que ocupa
la colectividad a la que sirve, proponiéndole los rumbos a seguir. Tal encargo
esencial adquiere dramático significado en un país empobrecido como el nuestro,
cuyo destino decidimos en un mundo marcado por profundas asimetrías en las
correlaciones de poder, así como por tendencias estructurales a la exclusión de
las mayorías y las colectividades débiles..
En su condición de institución que cultiva el
saber, con vocación universal, la universidad es un espacio en el que sujetos
diversos, que reconocen y producen saberes igualmente diversos, se comunican
sobre la base de una asunción que está en los orígenes mismos de la
racionalidad académica, consistente en suponer que la diversidad halla un
terreno común en el diálogo, es decir en la circulación del logos (que es
lenguaje y razón), a través del discurso argumentativo, que exige demostración
y prueba de lo que se dice, de tal manera que cualquiera de los participantes
del diálogo pueda, partiendo de las premisas establecidas y siguiendo la lógica
argumentativa, corroborar las conclusiones o descartarlas.
La función reflexiva que asume la comunidad
universitaria, deberá pues promover el diálogo, la discusión racional, sobre su
propia condición y posición, siguiendo ese viejo mandato de “conócete a ti
mismo”, fuente de toda sabiduría, atendiendo a la vez a la marcha del mundo en
que vivimos. Es decir, deberá atender tanto al entorno hoy en acelerado y
constante cambio, como a la propia condición de la universidad, a fin de
garantizar un posicionamiento pertinente a ese entorno, como comunidad que
tiene el encargo de cultivar la racionalidad crítica, una perspectiva de
aliento universal y el diálogo fecundo de discursos y perspectivas diversas,
tarea esta de honda repercusión en nuestras posibilidades de desarrollo como
comunidad multicultural.
La universidad moderna, regida por la idea kantiana
de razón y la noción humboldtiana de cultura, produjo elites y conocimiento
(los dos grandes aportes que espera de ella la sociedad a la que sirve) en
marcos ontológicos (idea de su ser) y epistemológicos (noción del conocimiento)
relativamente estables. En el umbral del Siglo XXI, la revolución tecno
científica que la universidad contribuyó a generar, ha dislocado su
posicionamiento espacio temporal, tornando compleja la comprensión de lo que
ella es, en tanto experimenta un acelerado proceso de masificación y creciente heterogeneidad
institucional, acompañado de la irrupción de la dimensión virtual como soporte
y contenido educativo. Asimismo, la explosión del conocimiento, de los
paradigmas en que discurre, y con ello de la noción misma de verdad, presiona
en dirección de un radical replanteamiento del sentido de los procesos y
estructuras académicas universitarias. Así desprovista de anclajes ontológicos
y epistemológicos estables, la universidad experimenta además el impacto
decisivo de la noción técnico-burocrática de excelencia y rendimiento, que hoy
la impregna contribuyendo a su mayor complejidad y situándola en una
encrucijada en cuanto a la comprensión de su propia naturaleza.
La estructura institucional de la universidad, así
como sus mecanismos de gestión, no son parámetros inconmovibles que haya que
evaluar en sí mismos como si se tratara de fines; ellos son estrictamente
instrumentales, es decir tienen la condición de medios, y como tales son
enteramente modificables en función del cumplimiento de los fines académicos
que legitiman socialmente a la universidad.
Pues bien, la revolución tecno científica
contemporánea plantea un conjunto de retos a la universidad peruana, tanto en
lo que respecta a sus relaciones con el entorno como en lo que se refiere a sus
funciones sustantivas de docencia, formación profesional e investigación. La
universidad ha perdido su condición de institución que monopoliza el saber
científico. Ella funciona ahora en un contexto saturado de información, lo cual
exige replantear su estructura académico institucional de raigambre
positivista, rígidamente compartimentalizada en áreas de saber que se mantienen
separadas, con tendencia a la atomización; así como los términos de la
formación que imparte, ya sea en lo relativo a perfiles curriculares como a
modalidades de certificación.
En cuanto a su gestión y organización
institucional, la universidad en el Perú arrastra aún la pesada herencia de un
alto grado de dispersión, patente en la tendencia a la multiplicación y
atomización de facultades, muchas de las cuales albergan una sola especialidad,
en una lógica de virtual autarquía académica que acentúa el ensimismamiento que
ella padece, debilitando la posibilidad de un trabajo académico coordinado,
ubicándonos así a contracorriente de las tendencias epistémicas contemporáneas,
que exigen interdisciplinariedad y flexibilidad, en una perspectiva holística,
integradora.
Hoy en día se necesita esquemas institucionales y
curriculares integradores y flexibles, que permitan una formación integral, que
abarque tanto competencias académicas, personales y de desarrollo social, como
competencias emprendedoras. Igualmente es preciso tomar en cuenta una creciente
demanda de educación permanente y constante actualización que el mundo del
trabajo y el saber siempre cambiante traen consigo, lo cual repercutirá en una
mayor diversificación de certificaciones y en el incremento de la importancia
cualitativa y cuantitativa de los postgrados. Del mismo modo, la necesidad de
insertarnos con autonomía en las fronteras del conocimiento avanzado exige
incorporar las nuevas tecnologías de información y, sobre todo, otorgar
absoluta prioridad a la investigación como función clave de la universidad de
hoy.
Todo ello plantea la necesidad de establecer
instancias de aseguramiento y promoción de la calidad académica como política
de Estado, que permita remontar el deterioro que su ausencia ha producido. La
perspectiva holística, transdisciplinaria, en la formación académica, el
fortalecimiento de los postgrados en un lógica de educación permanente, la
exploración de modalidades educativas alternativas posibilitadas por la
informática, el trabajo de investigación interdisciplinario y la
diversificación de opciones de cualificación, deberán ser atendidos en términos
prospectivos como orientaciones estratégicas para la definición de políticas de
Estado en la educación superior, a fin de asegurar su calidad.
Por otra parte, en la definición de las políticas
de aseguramiento de la calidad académica, es preciso tener clara conciencia de
que la importancia adquirida por la tecno ciencia como factor de poder en el
mundo moderno, presiona por la introducción en el ámbito universitario de los
criterios de rendimiento y eficacia como patrones de calidad con pretensiones
sustantivas. Términos como adaptación, competitividad, supervivencia, logro y
rendimiento, provenientes del mundo militar y empresarial, han sido
incorporados, frecuentemente de modo acrítico, en el vocabulario universitario,
induciendo al fortalecimiento de una visión estrechamente tecnocrática de las
tareas universitarias, perdiendo de vista que tales nociones operatorias
adquieren su orientación y predominio desde un horizonte político cultural -y
en última instancia valorativo- que es preciso reconocer para evaluar en qué
medida su imposición favorece el desarrollo de nuestras potencialidades como
colectividad. A la universidad le corresponde también aquella tarea de
tematizar con sentido crítico los horizontes de sentido en que discurre la
acción. Se trata de una tarea de importancia capital para definir las
condiciones de posibilidad de nuestra posición autónoma en el mundo
contemporáneo.
Desde la década pasada, hay, de hecho, una visible
presión sobre los decisores de política en las universidades, en el sentido de
una evaluación permanente de la calidad académica y de la gestión. Se trata de
una tendencia proveniente de espacios mayores a los del ámbito nacional. Una
tendencia manifiesta como parte del proceso de globalización que se ha
acentuado en las últimas tres décadas sobre la base de la entrada en escena de
nuevas tecnologías de manejo de la información y las comunicaciones que dan
acceso a información abundante en tiempo real.
Tratándose de una tendencia internacional, la
evaluación de la calidad académica y de la gestión como soporte de ella se
efectúa atendiendo a algunos estándares igualmente compartidos por la comunidad
académica internacional, los mismos que se operativizan en un proceso
denominado acreditación. Es de notar que esta es una tendencia que habiendo
tomado cuerpo en la esfera de la producción actualmente se manifiesta en todos
los ámbitos de la acción social.
Vivimos en una época caracterizada por la tendencia
a la conversión de todo lo disponible en recurso. Así, la modernidad ha convertido
la naturaleza en “recursos naturales”, dispuestos para ser explotados. En esa
perspectiva el propio ser humano se ha convertido en un recurso, cuyo empleo
debe ser “optimizado”; se habla así de “recursos humanos”. Teniendo enfrente
recursos se supone que lo que corresponde es emplearlos con el mayor grado de
eficiencia, de modo que puedan rendir lo más posible. Es la lógica del sistema,
que algunos reproducen sin percatarse de ello. Como se sabe, la eficiencia se
suele definir como el logro de ciertos objetivos con el menor número de
recursos posible. Lo cual permite hablar de la “productividad” de aquellos
recursos; la misma que debe ser evaluada de continuo. En esa lógica, los
conocimientos también constituyen recursos. Más aún: constituyen el principal
recurso; aquel cuya aplicación permite mejorar la productividad de los otros
recursos.
Se trata, por tanto, de una tendencia que no
podemos ignorar; de exigencias y retos que no podemos dejar de afrontar. Lo que
sí nos corresponde como comunidad universitaria, es afrontar estas exigencias
de manera crítica, con definiciones propias de las variables a elegir para
evaluar la calidad académica. Tomar prestadas definiciones producidas sobre
este tema en otros países, sin haber evaluado su pertinencia al nuestro,
revelaría una inaceptable incomprensión de lo que está en juego en este
terreno.
Inevitablemente, alguien debe definir los criterios
con los cuales juzgar la calidad académica. Si no lo hiciéramos nosotros, lo
harán otros, imponiéndonos sus términos, que bien podrían no ser del todo
adecuados para construir la universidad que queremos. Por tanto, es (o debería
ser) obvio que la definición de los criterios de calidad académica que serán
aplicados en una universidad suponen una discusión detenida de qué tipo de
universidad queremos, lo cual, a su vez, implica definiciones básicas de qué tipo
de país queremos construir, sobre la base de una comprensión lúcida de en qué
mundo vivimos y cuáles son sus tendencias fundamentales.
Al procesar una discusión de ese tipo, lo que
estaríamos haciendo es enjuiciar críticamente la calidad de las orientaciones y
procesos académicos, así como los de la gestión académica, tomando como
criterio cuán pertinentes son, para la construcción del país que queremos; es
decir, atendiendo a su impacto social; a la medida en que permiten fortalecer
capacidades productivas, estructuras sociales y patrones culturales inclusivos,
condiciones básicas para alcanzar mejores condiciones de vida para todos los
peruanos. Procediendo así, actuamos con autonomía. Siguiendo definiciones
trazadas por otros, hacemos sacrificio de nuestra autonomía y renunciamos a
definir por cuenta propia qué tipo de universidad y sociedad queremos
construir.
La universidad y los retos del
mundo contemporáneo
El modelo civilizatorio de la modernidad, sobre
cuyos alcances hoy se procesa un intenso debate, estableció desde sus inicios
una estrecha correlación entre saber y poder, produciendo una revolución
epistémica que trajo consigo un tipo de ciencia esencialmente vinculado con la
tecnología y la búsqueda del rendimiento. Siguiendo el designio de aquel patrón
civilizatorio que se ha extendido a escala planetaria, efectivamente el saber
se ha convertido en clave de poder: En la escena contemporánea los países tienen
un margen de juego directamente proporcional a su capacidad de producir ciencia
y tecnología. Por tanto, en un mundo marcado por tendencias estructurales a la
exclusión, las colectividades que no cuentan con una elite académica científica
competente, con capacidad de producir saber riguroso y tematizar con autonomía
los horizontes de vida en que discurre la acción, están en grave riesgo en
cuanto a su viabilidad. Por ello, la educación superior pasa objetivamente a
ser un delicado tema social y, su inclusión, un inobjetable indicador de
seriedad de cualquier discurso o agenda de política nacional.
Se atribuye a Francis Bacon, filósofo inglés del
Siglo XVII, haber sentenciado: “Saber es poder”. Se trata de un apotegma que
caracteriza inmejorablemente el espíritu que anima a la ciencia, referente
decisivo del horizonte de sentido que sostiene a la modernidad. En efecto, la
ciencia moderna, a diferencia de los tipos de saber predominantes hasta
entonces, se concibe ante todo como un saber cuyo valor se define por su
rendimiento, por su capacidad de proveer el control de la naturaleza,
convertida en un arsenal de recursos, estableciendo los procesos conducentes a
ello.
Premunida de aquella voluntad, la ciencia moderna
mostró desde sus orígenes una esencial dimensión tecnológica, vinculada al
aumento de la productividad como objetivo de la acción. A estas alturas de la
historia el imperio global de aquel tipo de saber constituye un hecho decisivo
en la definición de las posibilidades de vida que afrontan los seres humanos,
aún para aquellas que aspiran a proyectar horizontes de sentido alternativos
para la acción.
En tal sentido, es preciso comprender que, en la
denominada “sociedad del conocimiento”, la ausencia de políticas de Estado que
promuevan el desarrollo de una base científico tecnológico propio constituye la
más seria amenaza a la viabilidad de una comunidad política.
Corroborando la estrecha vinculación entre el poder
y la capacidad de producir saber, los rankings universitarios mundiales elaborados
con el inicio de este siglo, reproducen el mapa del poder en el escenario
global. La participación de América Latina es de escasa relevancia. En el
ranking de la Universidad de Jiao Tong, de Sanghai, apenas siete universidades
aparecen entre las 500 primeras. Europa y América del Norte ubican alrededor de
400 universidades, ratificando el predominio global de su potencial científico
tecnológico. Es también de interés que los países emergentes de Asia Pacífico,
cuentan en ese ranking con algo más de 90 universidades. Se trata de países
que, partiendo de una situación económica en promedio más precaria que la de
los países latinoamericanos, decidieron invertir con prioridad en la educación
superior para dotarse de una base científico tecnológica que les permitiera
aprovechar los cambios que traía consigo el advenimiento de la sociedad del
conocimiento, sustentando su desarrollo económico en la incorporación de alto
valor agregado a su oferta de bienes y servicios. Nuestro camino ha sido
inverso: desmontamos el aparato productivo que alcanzamos a constituir en la
década de los setenta, la universidad pública sufrió un continuo deterioro de
su calidad y nuestra economía viró hacia una reprimarización, tendencia marcada
por el mayor volumen de inversión en extracción minera.
En ese contexto, la posición de nuestro país es
extremadamente precaria. Nuestra producción hoy reprimarizada, proyecta un
espejismo de cifras macroeconómicas basadas en el alto volumen de exportación
de materia prima no renovable, que no debe impedirnos comprender que tal
condición es insostenible a mediano plazo, si no incorporamos valor agregado a
nuestra producción, tarea para la cual la universidad es una institución
imprescindible.
En tal sentido, un buen criterio para evaluar la seriedad
y consistencia de los programas políticos de alcance nacional y de los
discursos y acciones en que se traducen, es atender a si cuentan con
definiciones de qué hacer para dotarnos de aquel soporte científico
tecnológico, qué hacer para desarrollar instituciones de educación superior de
alta calidad, condición de posibilidad de nuestro bienestar colectivo.
Las tendencias a considerar
Notables cambios han ocurrido en los patrones de
vida y expectativas de la gente durante las últimas décadas. Tales cambios que
abarcan las relaciones interhumanas -especialmente en el mundo del trabajo-,
las del hombre con la naturaleza, así como el campo del saber, no tienen
parangón en la historia previa. Ellos han sido desencadenados por mutaciones
ocurridas en la base tecno científica de la sociedad contemporánea, las cuales
tienden a producirse con una celeridad cada vez mayor.
El campo del saber cambia y crece vertiginosamente:
Las revistas especializadas científicas han pasado de 10 mil en 1900 a más de
100 mil en la actualidad. Refiere Joaquín Brunner que tan sólo en matemáticas
se publica anualmente alrededor de 200 mil nuevos teoremas y que desde los años
90 más de un millón de artículos aparecen en las revistas especializadas de
química. Considerado en su conjunto, se calcula que el saber especializado
logró duplicarse, desde inicios de nuestra era, recién a mediados del Siglo
XVIII, precisamente cuando tomaba cuerpo la ciencia moderna. Volvió a
duplicarse 150 años después; luego en 50 años y ahora se calcula que ocurre
cada cinco años. De continuar las actuales tendencias que muestran oleadas
tecnológicas de ritmo y lapso de recurrencia cada vez más acelerados, se
calcula que alrededor del año 2020 se duplicará cada 73 días. Estamos pues en
carrera contra el tiempo para encarar los retos que tal situación nos plantea.
Si queremos evitar el destino de sociedad debilitada, descartable y colapsada,
necesitamos repensar radicalmente la universidad peruana, su estructura,
funciones y prioridades en el ámbito nacional.
Los peruanos necesitamos volver a pensar el país y
su lugar en el mundo. Requerimos instituciones capaces de apropiarse de aquel
saber, seleccionarlo, interpretarlo, asimilarlo y participar con prioridades
propias en su producción, instituciones de educación superior con capacidad de
producir conocimiento pertinente y de óptima calidad. En ello se juega nuestro
destino. Para eso necesitamos evaluar cuidadosamente, sin mistificaciones, la
actual situación de la universidad, apreciando con objetividad sus debilidades
y potencialidades.
No es posible pensar un desarrollo social
sustentable sin el concurso de la universidad, tanto para la formación de
elites nacionales y regionales rigurosamente calificadas que conduzcan aquel
proceso, como para la producción de saberes del más alto nivel que incorporen
valor agregado a nuestra producción hoy reprimarizada. Por ello, es vital para
los peruanos contar con universidades capaces de asimilar el saber
contemporáneo y adaptarlo a las necesidades del país y sus regiones,
estableciendo nexos con la práctica social -en particular la producción
material y simbólica- y nuestras raíces culturales.
La universidad pública tiene importancia decisiva
para el desarrollo del país: No sólo porque contribuye a su democratización,
promoviendo ascenso social mediante la formación de cuadros calificados, sin
otra condición que su competencia académica, sino porque genera conocimiento en
áreas de valor estratégico, que frecuentemente exigen alta inversión en
capacitación y logística, como las ciencias básicas y las tecnologías, a las
que la lógica cortoplacista del lucro con que en nuestro medio se tiende a
fijar las prioridades en la inversión privada no podría atender.
En una sociedad caracterizada aún por una injusta
distribución de la riqueza, con contrastes sociales muy marcados y un grueso
sector de la población en situación de pobreza o de pobreza extrema, la
universidad pública facilita el ascenso social de los sectores menos
favorecidos, al hacer posible su acceso a la educación superior sin otra
condición que sus méritos y capacidad intelectual, con lo cual también permite
un más amplio desarrollo de las potencialidades humanas con que cuenta el país.
Conviene también tomar en cuenta que el retorno de la educación superior en
términos de empleabilidad es aproximadamente el triple del de la educación
secundaria, lo cual ciertamente da cuenta de la existencia en la base de un
severo problema en la distribución del ingreso, pero al mismo tiempo corrobora
que la educación universitaria abre mayores posibilidades de saldar aquellas
brechas para los que acceden a ella.
En tal sentido, la función democratizadora de la
universidad pública pasa ahora de manera decisiva por el cuidado de su calidad
académica, la cual está hoy en relación directa con el desarrollo de la
investigación y la capacidad de producir conocimiento.
La situación en que nos hallamos
La estructura de la educación superior en el Perú
es vetusta: Atendiendo a los dramáticos cambios ocurridos en el mundo (en cuya base
está la revolución tecno científica) todos los países del área han renovado su
legislación para afrontar los retos de la calidad académica. Nuestra Ley
Universitaria, promulgada en 1983, muestra un sensible retraso, que su
orientación acentúa más aún, pues fue diseñada siguiendo el modelo reformista
de Córdoba, de la segunda década del siglo pasado.
La Ley Universitaria N° 23733 de 1983, inspirada
por Luis Alberto Sánchez. Ley que marcó el rumbo de la universidad peruana
plasmando con retraso un programa anti oligárquico, que entendía la
democratización de la universidad, en primer lugar como resguardo de su
autonomía para definir los términos de su desarrollo, y, por otro lado, como
promoción de la participación de los estamentos universitarios en un gobierno
sustentado en mecanismos de decisión asambleísticos. Dicha ley no prestaba
mayor atención al tema de la calidad académica, precisamente cuando por la
irrupción de la denominada sociedad del conocimiento pasaba a ser el eje de
definición del alcance democrático de la universidad, y en particular de la
universidad pública. Aquella ausencia fue fatal para el posterior curso de la
universidad en nuestro país.
Aquella ley sufrió luego múltiples modificaciones
parciales (ver Anexo) para ser acomodada a la presión de las circunstancias,
cuando no de los intereses políticos en juego. Ello sólo consiguió ahondar su
incoherencia. La disposición legal de mayor efecto en tal sentido fue el
Decreto Ley N° 882, emitido por Fujimori en 1996 para facilitar la apertura de
universidades privadas sobre la base de incentivar el lucro. En ausencia de
mecanismos mínimos de garantía pública de la calidad de la oferta educativa,
aquella norma ahondó los efectos negativos del modo en que la Ley Nº 23733
definió la autonomía universitaria, convirtiéndola en una suerte de patente de
corso que condujo a la proliferación de una oferta educativa universitaria
deleznable que hoy inunda el país.
Se trata por tanto de un marco legal inadecuado
para resolver los problemas más saltantes que afronta hoy la universidad
peruana, afectado además de una incoherencia crónica. Por ello, su renovación
es una tarea urgente.
Hay 112 universidades en el Perú (36 públicas y 76
privadas), otras 22 (4 públicas y 18 privadas) están en proceso de
implementación. Algunas otras han sido creadas recientemente por Ley. Además,
hay 38 filiales reconocidas (de grandes dimensiones) y muchas más funcionando
informalmente. (1) Todas las regiones cuentan con universidades públicas (en
varias hay 2 o más), y en todas hay muchas privadas e incontables filiales. Por
tanto, el problema principal no es de cobertura sino de calidad. (2)
Los sucesivos gobiernos, en las últimas tres
décadas, han ahondado la crisis de la Universidad Pública creando,
demagógicamente, nuevas universidades de ese tipo (3), en condiciones
deleznables y con consecuencias tan lamentables como las tres muertes
registradas en Huancavelica en protestas de la población por la mutilación de
la universidad pública allí existente, para crear otra nueva en Tayacaja. (4)
Los grados (incluyendo postgrados) y títulos, en
todas las universidades y sus filiales, se otorgan “a nombre de la Nación”, sin
garantía alguna de su confiabilidad, configurándose así, en la mayoría de los
casos (sobre todo en las universidades privadas “con fines de lucro”) una
situación de estafa a gran escala, con grave daño del país.
La universidad pública se halla igualmente afectada
por la mercantilización de sus funciones (tendencia favorecida por el bajo
presupuesto que recibe del Tesoro Público), que abarca desde la
institucionalización de los “Centros Preuniversitarios” (con detrimento del
principio de equidad en el acceso) hasta la comercialización de títulos y
postgrados (con menoscabo de su nivel académico).
Esa situación, favorecida por el desinterés del
Estado, ha conducido a su captura por grupos corruptos y académicamente
mediocres, de interés clientelar, sin proyecto de universidad ni de país, que
basan su acceso al poder en la corrupción sistemática de los representantes
estudiantiles que los eligen. Se trata de una situación que escasas excepciones
confirman como generalizada.
La universidad en el Perú se halla en crisis,
mercantilizada y, en el caso de las universidades públicas, en una suerte de
autismo paralizante, copada por redes de interés corporativista y clientelar,
sin capacidad de redefinir su estructura y sus funciones, para incidir de
manera activa en el curso de la sociedad circundante.
En esas condiciones, la investigación científica
tiene escaso -y frecuentemente nulo- desarrollo, y el nivel académico de
docentes y estudiantes tiende al deterioro, con resultados como los que
muestran los docentes de la Educación Básica, egresados de universidades.
La crisis de la universidad en el Perú es, pues,
severa y tiene a la base la carencia de políticas de estado para su desarrollo.
No obstante, si pensamos seriamente en el desarrollo nacional, el concurso de
las universidades (sobre todo las públicas) es esencial. Lo confirma la
experiencia de todos los países que han logrado desarrollarse, pues ello es
imposible sin producción de ciencia y tecnología, y formación de una elite
dirigente del más alto nivel, funciones que corresponden a la universidad.
Desde mediados de los años 70 el país siguió un
curso de inserción en la economía mundial, con subordinación a los ejes de
poder global, asumiendo el papel de proveedor de materias primas y mano de obra
barata, reprimarizando su aparato productivo. Es en esas condiciones que la
Universidad perdió toda relevancia.
El nuevo escenario
Se ha abierto la posibilidad de un cambio en las
orientaciones básicas de las políticas de estado en el Perú. Han sido
propuestos como ejes de política estatal: 1) la redistribución de la riqueza,
con mayor impulso de las políticas sociales, y 2) la reorientación del aparato
productivo, en el sentido de una incorporación progresiva de valor agregado en
la producción. Ambas orientaciones confluyen en la necesidad de introducir
cambios en la Universidad, institución que favorece mayores grados de equidad
social (pues promueve el ascenso social y es el nivel educativo con mayor tasa
de retorno económico) y a la que corresponde producir el conocimiento que
incorpore valor agregado a nuestra producción.
Se ha abierto, por tanto, la posibilidad de una
reforma de la Universidad, que debería traducirse en un nuevo marco legal para
ella, que reemplace al actual que ha devenido obsoleto y perjudicial para su
desarrollo.
Elementos para una agenda de
Reforma Universitaria
En el caso de las universidades públicas, (5) la
reforma supone: A) Definición de políticas de estado para el impulso de la
Educación Superior y B) pleno apoyo estatal para el cumplimiento de sus
funciones.(6) Exige también pensar estas instituciones a escala nacional,
generando C) un sistema universitario nacional,(7) articulado por macro
regiones, con liderazgo de universidades de carácter emblemático, donde se dé
prioridad a la investigación y los posgrados. Deberá también D) rediseñar sus
mecanismos de representación y gestión, favoreciendo la más amplia
participación de la comunidad universitaria, así como E) una gestión transparente
y por resultados, con indicadores de eficiencia y rendición de cuentas al país.
Se ha abierto la posibilidad de una renovación de
la Educación Superior peruana, con liderazgo de las universidades públicas. De
no concretarse pronto, su crisis se ahondará, con efectos de largo plazo,
afectando también las posibilidades de desarrollo del país. La comunidad
universitaria nacional deberá promover esa renovación, constituyendo un
movimiento universitario (con docentes y estudiantes), con un programa de
cambio y voluntad política para llevarlo adelante.
Chaclaq ayllu, Setiembre, 2011
Notas Finales
* Disertación realizada en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades.
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 5 de septiembre del
2011. Publicada con autorización del autor.
(1) Si sumamos a las 112 universidades ya
reconocidas, las 22 a las que eufemísticamente CONAFU denomina “en proceso de
implementación” y las 38 filiales (la mayoría de ellas con dimensiones de
ciudad universitaria), tenemos 172 instituciones universitarias funcionando
efectivamente en el país. Si tomamos en cuenta que 11 más se hallan en trámite
de autorización y otras 9 en espera, la situación adquiere dimensiones de
catástrofe nacional en términos de cuidado de la calidad académica. Además,
CONAFU registra 5 universidades cuya autorización fue cancelada y otros 25
proyectos de universidad admitidos, a los que denomina “en abandono”.
(2) Este es un punto nodal de las definiciones que
hay que tomar sobre la universidad, pues cambia por completo las prioridades de
la agenda universitaria.
(3) En casi todos los casos siguiendo el “modelo”
perverso de convertir una sede universitaria en funcionamiento, como la de la
UNT en Huamachuco, la de la UNAMBA en Andahuaylas, la de la UNSAAC en La
Convención, la de la UNDAC en Oxapampa, la de la UNAP en Sullana, la de la UNC
en Jaén, la de la UNSCH en Huanta o la de San Marcos en San Juan de Lurigancho.
Es decir, desmontando lo que debía fortalecerse: que la principal universidad
pública de cada región establezca sedes en sus provincias, con especialidades
apropiadas a las necesidades del desarrollo de esa zona.
(4) No obstante, el nuevo gobierno ha reincidido,
de inicio, en esta tendencia, creando una nueva universidad pública en Chincha.
(5) Es importante centrar la atención en las universidades públicas, no sólo
por razones de orden táctico (de viabilidad política de la reforma
universitaria), pues no hay que perder de vista que la aprobación de la ley que
establecía la elección de las autoridades universitarias por voto universal y
directo de la comunidad universitaria fue bloqueada por presiones de los dueños
de universidades privadas, muy vinculados a las altas esferas del poder
político en el país, sino también porque es preciso no perder de vista que lo
decisivo es reformar la Universidad Pública, directamente dependiente del
Estado y de valor estratégico para el desarrollo del país. Para el caso de las
universidades privadas, bastará, en primera instancia, con que el sistema de
acreditación funcione efectivamente, cortando la estafa educativa.
(6) Obviamente, ello supone un mayor
financiamiento y decidido apoyo a la investigación.
(7) Es decir, la autonomía deberá replantearse, siendo condición del sistema
universitario, no de cada universidad en particular. No hay otro modo de
terminar con el autismo universitario que ha conducido a duplicar
innecesariamente la oferta de formación profesional en una misma región o a
implementar programas que no guardan pertinencia con las necesidades del
desarrollo de la sociedad circundante. Ello supone también contar con alguna
instancia de alcance nacional y algunas otras de alcance macrorregional que
coordinen la actividad universitaria en el sector público.
